La lucha contra el Crimen Organizado desde Latinoamérica

Es una realidad que, como parte de un esfuerzo en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, muchos Estados en el mundo —mayormente en los países más desarrollados—, han hecho uso de sus Fuerzas Armadas —entiéndanse como FFAA— para combatir con todo el peso del Estado las mencionadas amenazas. Algunos países de Latinoamérica también han optado por implementar este modelo de lucha contra el crimen organizado transnacional y las nuevas amenazas. 

La visión por la cual estos países se basan en la implementación de los elementos de defensa para combatir y lograr neutralizar estas amenazas, podría responder a la constante mutación de estas redes criminales, que están en cambio permanente y adaptándose a los esfuerzos por extinguirlas. También es de suma relevancia señalar la reciprocidad existente entre organizaciones criminales —que funcionan a través del crimen organizado transnacional—, organizaciones terroristas vinculadas al terrorismo islamista y movimientos insurgentes —como los Barones de la guerra en África o los grupos guerrilleros en Latinoamérica—; la cual implica la complejidad del problema y aumenta la peligrosidad de todas estas redes criminales. Otro punto a tener en cuenta es que, como parte de sus actos ilícitos, el crimen organizado está en permanentes intentos de corromper instituciones y funcionarios Estatales para poder lograr la impunidad necesaria y la cobertura político-institucional. 

Ahora bien, lo que sucede con este último punto es que, en países con poco desarrollo estatal y de gobierno, la corrupción podría atentar contra la estabilidad del mismo, sin tener en cuenta los movimientos del terrorismo, las insurgencias o las guerrillas en países de mismas características institucionales, como son los casos de algunos países de África, Latinoamérica y Oriente Medio. En estos países, las mencionadas amenazas muchas veces llegan a tener efectos decisorios a nivel de política y de gobierno, es decir, que sus capacidades criminales llegan a interferir directamente con el Estado, la democracia y la gobernanza. Por otro lado, la complejidad que conllevan estos delitos internacionales exige, además, a los Estados un mayor esfuerzo en comparación con los delitos comunes. 

Un ejemplo que refuerza que no serían de naturaleza común los delitos que hemos traído a colación —entendidos como “nuevas amenazas”— haciendo énfasis en el crimen organizado, es el siguiente: estas organizaciones criminales atentan contra la salud pública de un país, como es el caso de las drogas y la violencia extrema, o contra la estabilidad institucional y democracia de un país, como es el caso de la corrupción, el terrorismo, guerrillas e insurgencias. A su vez, también promueven la delincuencia barrial y la inestabilidad en cuestiones de seguridad nacional —como es el caso de las drogas y armas—, atentan contra las instituciones privadas —como es el contrabando y la piratería— y atentan contra todos los derechos humanos existentes con el secuestro ilegal de personas con fines diversos, es decir, participando en la trata de personas. 

Al mismo tiempo, toda la situación descrita está sumergida en una situación de tipo juego macabro, la cual consiste en jugar con falencias territoriales de los estados —refiriéndonos a sus fronteras específicamente— por parte de las redes criminales a través de la manipulación, la extorsión y la corrupción hacia personas y funcionarios locales para perpetrar sus actividades ilícitas. En este sentido, vale aclarar que en algunos lugares la permeabilidad que existe en las fronteras es un flagelo constante a la seguridad entre estados vecinos debido a los acuerdos entre los mismos o la falta de ellos en referencia a la presencia activa de patrullas y personal de seguridad en las fronteras, zonas rurales fronterizas y del interior de los países con acceso inmediato a través de un avión, lancha, vehículo terrestre o a pie. 

Respecto a esto último, en algunos países de Latinoamérica, estas zonas rurales y del interior del país son terrenos aprovechados y explotados por el crimen organizado, grupos insurgentes y células terroristas, los cuales, al no estar activamente presente el Estado, dominan y someten a la población a sus actividades ilícitas imponiéndose como figuras de autoridad local, aprovechando también el terreno para implementar sus operaciones delictivas o insurgentes. 

Los problemas mundiales de terrorismo, crimen organizado y los movimientos insurgentes son excesivamente complejos, debido al trabajo en conjunto de todas estas entidades criminales en una especie de sinergia de fluidez constante entre sí, que consiste en cambio de servicios por suministros o financiamiento, lo cual, además, genera una fuerte y compleja demanda de seguridad que un solo estado y sus fuerzas de seguridad no pueden solventar. 

Dada esta situación de convergencia entre redes criminales de diferentes ideologías, naturalezas y objetivos, cuando se habla de crimen organizado transnacional no se puede evitar tocar el resto de las figuras delictivas constituidas como nuevas amenazas.

Por lo tanto, la implementación de las FFAA permitiría tratar estos delitos como una amenaza directa a la estabilidad y el gobierno de un país, pero también una amenaza a nivel mundial. Si bien se elevan estos delitos a un rango de interés regional o internacional, por decirlo de alguna manera, el fin de implementar a las FFAA en la lucha contra las nuevas amenazas sería el de caer con todo el peso del Estado sobre las mismas. Por lo tanto, en la práctica, podrían esperarse resultados bastante favorables, dependiendo de la forma en la cual se implementan.

¿Qué ventajas podría brindar la implementación de las FFAA en la lucha contra las nuevas amenazas?

En cuanto al uso de las FFAA en este sentido —y puntualmente contra el crimen organizado— en Latinoamérica, cabe destacar el estado actual de este nuevo modelo de Seguridad Nacional, debido a que varios países ya lo han implementado y otros están en proceso de hacerlo. Ante todo, esta política de Seguridad Nacional debe entenderse de la siguiente manera: no tiene que ser una tendencia de los Estados para los medios, sino que debe implementarse con una sanción oficial, ya sea por Decreto Presidencial o por ley del Congreso, que consista en una serie de lineamientos para evitar posibles vacíos legales en el proceso de actuación. 

Las FFAA cuentan con mayor poder de fuego, logística y recursos humanos, y también con una mayor capacidad de maniobra debido a sus vehículos de tierra, aire y agua, que les permiten desplazarse con facilidad dentro de todo un territorio nacional. Por otro lado, también cuentan con mayor cobertura de terreno y capacidad de respuesta a nivel bélico, en lo que a neutralización de amenaza se refiere. Todos estos recursos son superiores en comparación con las fuerzas federales y policiales. Además, también hay que tener en cuenta el refuerzo de personal en las fronteras y zonas donde el Estado, por cuestiones de operatividad, no tiene tanta presencia institucional, lo cual generaría un conflicto constante con los criminales y esto afectaría directamente a las operaciones criminales. 

Otro punto a destacar es que, como se ha mencionado más arriba, las FFAA cuentan con equipamiento de nivel bélico. Por lo tanto, la balanza se estabilizaría en función de la magnitud de defensa, debido a que todas las organizaciones criminales mencionadas cuentan con armamento de grueso calibre, similar al de las fuerzas armadas de un país. El refuerzo en las fronteras y la implementación de radares facilitaría la detección de los “narcoaviones”, las narcolanchas y, a su vez, la fortificación de las fronteras aumentaría con los controles en tierra de pasos fronterizos, impermeabilizándolas. 

La formación profesional, de pensamiento crítico, emocional y patriótico que recibe el personal de las FFAA actuaría como una especie de escudo protector difícil de quebrantar ante la posibilidad de ser corrompidos por las organizaciones criminales (o por lo menos es lo que se esperaría a priori). Uno de los posibles resultados sería que el aislamiento institucional y social del personal de las FFAA brindase de alguna manera transparencia en los procesos y misiones asignadas, lo cual desembocaría en mayor efectividad en los procesos operacionales en la lucha contra el crimen organizado, evitando “coimas” o corrupción. Sin embargo, esto no se puede asegurar de antemano, ya que todo va a depender de la forma en la que se implemente el servicio de las FFAA contra las nuevas amenazas. 

¿Qué hay de los inconvenientes?

Las desventajas que puede llegar a generar la implicación de las FFAA en la lucha contra el crimen organizado y las nuevas amenazas, según los criterios aplicados, serían, en principio, menores a los resultados positivos, teniendo en cuenta la fuerte creciente en los niveles de violencia con la cual se materializan las actividades ilícitas de las nuevas amenazas en estos últimos años. 

Por un lado, los problemas procesales a la hora de juzgar a los criminales podrían ser una desventaja, puesto queel personal de las FFAA no cuenta con un adiestramiento en el debido proceso penal y judicial.Para evitar este posible problema, debería sancionarse un proceso penal aparte para todos los delitos traídos a colación, que responda a un ordenamiento regional; es decir, que todos los Estados Parte de Latinoamérica adopten un modelo procesal para el juzgamiento por igual solo y exclusivamente a estos delitos. 

Por otro lado, el daño colateralen la lucha a un nivel bélico contra estas amenazas podría generar víctimas inocentes. En este sentido, y antes de prejuzgar a las fuerzas del orden y a las FFAA (y con esto no se intentan justificar acciones violentas), deberíamos tener en cuenta que, a causa de las nuevas amenazas, las cifras de muertes y secuestros son increíblemente altas y se implementan con un nivel de violencia extremo. De hecho, según un informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica y la Justicia Penal AC de México publicado en el año 2018, de las 50 ciudades más peligrosas y violentas del mundo, Latinoamérica tiene 43. 

A su vez, varios autores indican que esta situación se debe, en gran medida, al fuerte crecimiento de las nuevas amenazas —puntualmente el crimen organizado— en los últimos 20 años en América Latina. En el caso de que haya funcionarios estatales corruptos, la intervención de las FFAA podría generar un conflicto político de intereses personales, lo cual desembocaría en constantes reclamos, manipulación de medios de comunicación y fake news en medios electrónicos; todo ello con el fin de desacreditar las acciones aplicadas. 

La necesidad de crear un comando de cooperación conjunta de las fuerzas armadas a nivel regional

El crimen organizado transnacional, como su propio nombre indica, alude a los crímenes que tienen un efecto más allá de las fronteras nacionales. Por lo tanto, el esfuerzo de un solo lado de la frontera no garantiza sus resultados, sino que esta lucha debe estar alineada con todos los países de la región y puntualmente con los países con límites de vecindad fronteriza. 

Ahora bien, en Latinoamérica se produce y se exporta aproximadamente más del 90% de la cocaína del mundo, más del 85% de cannabis a nivel mundial y también se suma la fabricación de drogas de diseño. Por lo tanto, neutralizar el crimen organizado en Latinoamérica es fundamental para la seguridad y la salud internacional, puntualizando en cortar sus líneas de abastecimiento y financiamiento, que sirven para sostener y abastecer a movimientos terroristas e insurgencias en todo el mundo, como se ha mencionado anteriormente. Consecuentemente, neutralizar al crimen organizado en Latinoamérica sería la mejor estrategia en los intentos por combatir las nuevas amenazas a nivel mundial

Es una responsabilidad muy grande la que tienen los Estados Latinos, debido a que allí es donde nace la mayor fuente de ingresos de las organizaciones criminales a nivel mundial. Esta fuente de ingresos se constituye, según la UNODC, en aproximadamente 2 billones de dólares estadounidenses anuales; de los cuales, según Global Financial Integrity(GFI), al mercado ilegal de drogas le corresponden 320 mil millones, a la falsificación y contrabando de diversos tipos 250 mil millones y al tráfico de personas con fines generales 31,5 mil millones. Todo ello sin tener en cuenta el tráfico de armas, elemento fundamental para sostener sus actividades ilícitas. También hay que sumarle a todo esto las tasas de mortalidad provocadas por sus actividades ilícitas, lo cual es una pérdida incalculable. 

De allí se desprende una cadena concatenada de insumos y de financiación de las guerrillas e insurgencias, el terrorismo, la corrupción y todos los delitos encuadrados en la figura del crimen organizado transnacional, los cuales tienen repercusión a nivel internacional. Esta financiación de otros grupos criminales —por ejemplo, terrorismo e insurgencias—, es debido a lo que se conoce como el fenómeno de la “convergencia”, es decir, la sinergia existente entre todas estas redes criminales. 

Una vez establecidos los problemas que se generan en la región de Latinoamérica, es importante que los Estados que la conforman entiendan que, si no hay cooperación en materia de inteligencia, seguridad y defensa, no habrá resultados significativos. Así como existen diversos acuerdos latinoamericanos en función del comercio, de la colaboración en diversas cuestiones o del libre paso de ciudadanos (MERCOSUR), es importante establecer un comando conjunto de cooperación de las FFAA y que, a su vez, incluya a todas las fuerzas federales y policiales destinadas a la lucha contra el crimen organizado en sus respectivos países. 

Los posibles beneficios que brindaría el comando conjunto de cooperación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado transnacional en Latinoamérica

Los posibles beneficios de implementar el comando conjunto de cooperación estarían limitados a dos cuestiones. Por un lado, habría que hablar de compartir información de inteligencia e investigaciones judiciales exclusivamente en materia de crimen organizado, terrorismo e insurgencia. Esta medida permitiría dar conocimiento a los Estados vecinos tanto de la detección de redes criminales, células insurgentes y/o terroristas; como de la identificación de los sospechosos, con una comunicación casi en tiempo real con los demás Estados parte. De esta manera, se podría lograr mayor celeridad y poder de respuesta, así como también poder generar elementos probatorios para la acción judicial. 

Por otro lado, habría que destacar el apoyo logístico y operacional en tareas conjuntas fronterizas o solicitud de apoyo en áreas limítrofes. En este sentido, aquí se hablaría de trabajo conjunto de los grupos operativos de los diferentes Estados parte y de maniobras tácticas con el fin de acorralar y neutralizar las amenazas. Habría que permitir solo y mediante justificación fehaciente y razonable que, con motivo de una persecución de elementos del crimen organizado o las nuevas amenazas, se traspasen las fronteras del país vecino hasta llegar a un límite de kilómetros establecido previamente o que las fuerzas del orden del país vecino prosigan con la operación. 

Como se ha mencionado anteriormente, el comando de las fuerzas conjuntasestaría formado no solo por las FFAA asignadas a la lucha contra el crimen organizado, sino también por las fuerzas federales y policiales que tengan el mismo destino. Una vez que este tipo de colaboración sea efectiva y real, se podrá comenzar a ver resultados positivos respecto a la implementación de las FFAA en la lucha contra el crimen organizado transnacional en Latinoamérica. De lo contrario, solo sería una solución parcial a muy corto plazo con consecuencias desfavorables y altos índices de daño colateral, debido al fuerte incremento de usar el monopolio de la legítima violencia de los Estados, pero con mayor capacidad de respuesta bélica.

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